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Fórmulas para mejorar la Ley de Extranjería... que
Corbacho no aplicará |
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De la futura reforma de la Ley de Extranjería, todavía sabemos
poco y, sobre todo, poco claro. De momento, el ministro José
Corbacho sólo ha confirmado que las condiciones de la
reagrupación familiar serán endurecidas: los inmigrantes
únicamente podrán traer a sus padres pasados los cinco años,
cuando alcancen la residencia permanente. Este primer anuncio
ya ha generado el rechazo de asociaciones de inmigrantes y
ONGs. En espera de que se materialicen los cambios que
impulsará el Ejecutivo socialista sobre el texto, Mauricio
Valiente, portavoz y ex director del servicio jurídico de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), nos expone lo
que, desde su punto de vista, debería ser modificado.
Derecho a huelga. El año pasado el Tribunal Constitucional
declaró la inconstitucionalidad del artículo 11.2 de la Ley de
Extranjería, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga a
los inmigrantes con permiso de trabajo. El fallo ampliaba así
este derecho a los trabajadores en situación irregular,
anulando el inciso "cuando estén autorizados a trabajar"
recogido por el texto. Asimismo, reiteraba el derecho de
sindicación (7.1, 8 y 11.1). "Nosotros entendemos que un nuevo
texto debería estar redactado respetando la sentencia del
Constitucional", explica Valiente.
Ampliar la reagrupación familiar. Justo en el sentido contrario
al anuncio de Corbacho de restringir la reagrupación familiar,
desde CEAR se propone "reconocer ampliamente este derecho y
agilizarlo". En este sentido, para Valiente sería un paso
adelante para España ratificara la Convención internacional de
Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de los
trabajadores migratorios y sus familiares, que hace todo un
conjunto de referencias a la vida en familia de los
inmigrantes. "En este momento, los mecanismos de reagrupación
suponen prácticamente una carrera de obstáculos", critica.
Agilización y flexibilización de los procesos. La
simplificación de los procedimientos de acceso a la residencia
es uno de los objetivos que, según Valiente, debería buscar la
nueva Ley de Extranjería. Uno de los problemas que debería ser
enfrentado de forma más acuciante es la situación
administrativa de los miles de inmigrantes que son trasladados
desde las Islas Canarias a la Península si, una vez que
transcurridos los 40 días de internamiento permitidos, no han
podido ser repatriados. Cuando se dan este tipo de casos, los
inmigrantes no regresan a sus países de origen, pero tampoco
tienen posibilidad alguna de regularizar su situación. "La Ley
tiene que prever esta situación y darle una solución para
evitar un limbo jurídico como el que existe ahora, que es una
invitación a la marginalidad y al conflicto", añade Valiente.
La apuesta de CEAR es crear un permiso de autorización de
residencia de carácter excepcional. Esta medida ya fue
estudiada por el predecesor de Corbacho en el cargo, Jesús
Caldera, aunque finalmente quedó en papel mojado.
Sin embargo, con la que está cayendo en una Unión Europea cada
vez más dura con los inmigrantes, parece poco probable que los
cambios que introduzca el Gobierno vayan en el sentido deseado
por CEAR y otros colectivos. Los globos sonda que Corbacho ha
lanzado hasta el momento, como el de suprimir la contratación
en origen, así parecen confirmarlo.
Por otra parte, todo parece apuntar a que será en esta ley
donde podrían introducirse algunas novedades contempladas por
la llamada 'directiva de la vergüenza'. Este documento recoge
la posibilidad de que el periodo de internamiento de los
inmigrantes en situación irregular pueda alargarse hasta 18
meses, uno de los aspectos que más polémica causó en el momento
de su aprobación. Actualmente, en España el periodo máximo de
retención es de 40 días, pero existe el temor de que, dado el
amplio margen dado por la Unión Europea, el plazo se amplíe
significativamente.
Por MARÍA SÁNCHEZ DÍEZ
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