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Ecuador denuncia que las políticas de extranjería
de la UE son cada vez "más
restrictivas" |
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MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -----El Gobierno de Ecuador
denunció hoy que las políticas de extranjería de la UE son
"cada vez más restrictivas" y que el control de fronteras que
aplican los Veintisiete "no apuesta precisamente por los
derechos de los inmigrantes", si bien subrayó que España ha
dado "incuestionables demostraciones" de que considera la
inmigración como un factor positivo.
Lo hizo a través de su consejero en la Embajada en España,
Carlos Larrea, quien participó junto a la secretaria de Estado
para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en la presentación de las
conclusiones del I Foro Iberoamericano sobre Migración y
Desarrollo, celebrado en abril pasado en Cuenca, Ecuador.
Larrea se refirió también a las familias que definió como
"transnacionales", aquellas en la que uno de sus miembros vive
y trabaja en un país distinto al resto de sus allegados y
subrayó que esta unidad familiar "forzada" espera
"reunificarse".
El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, anunció a primeros de mes que el Gobierno, en
aplicación de una serie de directivas europeas, propondrá
limitar el derecho de los inmigrantes a la reagrupación de los
ascendientes, en el sentido de que deberán esperar al quinto
año de residencia, y no al primero, como en la actualidad, para
que sus padres se trasladen a España.
Trinidad Jiménez destacó que la normativa española "no rechaza
a los inmigrantes", sino que "trata de ordenar" los flujos con
el "máximo respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad
humana" de los inmigrantes, igual que hace el resto de países
europeos, aseguró.
También defendió las dos últimas medidas adoptadas por los
Veintisiete en materia de inmigración, la directiva de retorno
y el Pacto por la Inmigración, porque dan más garantías a los
derechos de los inmigrantes y calificó de "falsa" la
"percepción" de que estas medidas recortan los derechos de los
migrantes.
Con respecto a la directiva, subrayó que obliga a los países
que no tenían límites para mantener retenido a un inmigrante a
la espera de ser expulsado a establecer unos máximos, que no
podrán superar los 18 meses.
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